Nos ha llegado una carta del señor Nadal, secretario de estado de energía, junto con el borrador del decreto que desarrollará la actividad de autoproducción eléctrica para autoconsumo.
El decreto viene a decir que el futuro del sistema eléctrico va a ser la generación distribuida donde pequeños productores verterán su energía en redes de distribución con una reducción de los gastos de transporte.
Y viene a decir que si bien ese futuro es innegable e imparable... pues que hay que tratar de atrasarlo lo máximo posible.
Y con la excusa de que esos malvados productores de energía se aprovechan de la red general de distribución, se inventa un nuevo peaje, que le denomina "peaje de respaldo de la red".
Y coge y cuantifica ese peaje, entre 4 y 6 c€/KW·h producido, con dos cojones. O lo que es lo mismo. Alguien se coloca en la cubierta de su factoría una central solar o un generador de gas para eliminar las puntas de consumo y pensaba ahorrarse entre 10 y 14 c€ por KW·h que ya no iba a comprar a la red... y se encuentra que por cada KW·h ahorrado deberá pagar a la compañía eléctrica entre 4 y 6 c€, lo que hace inviable cualquier actuación de autoconsumo en este país.
Y como al parecer el conocimiento industrial del ministerio de industria es mínimo, nos encontramos con las siguientes paradojas:
1) Industrias que tradicionalmente utilizan sistemas de autoproducción energética como la industria papelera, verán mermada su competitividad ya que deberán pagar por la energía autoproducida. Traducido, la aplicación de este decreto cerraría las papeleras en España. Y no solo las papeleras, sino los secaderos de madera, las fábricas de cerámica y otras.
2) Industrias que tienen problemas puntuales de energía y que deben estacionalmente autoproducir energía, deberían pagar por solucionar su problema. Esto afectaría por ejemplo a las bodegas que durante la época de vendimia utilizan grupos de respaldo para el proceso de despalillado, mientras el resto del año el consumo es mínimo.
3) Empresas que quieran disminuir la huella de CO2 de sus productos no podrán hacerlo, ya que no será posible asumir los costes derivados de producir su propia energía usando renovables. Esto afecta directamente a la empresa agroalimentaria.
4) El peaje de respaldo supone una doble imposición. Por producir energía se debe pagar un impuesto a la compañía eléctrica, al que hay que sumar el IVA. Y es un impuesto ya que no se recibe absolutamente nada a cambio.
5) Se ataca directamente al principio de mercado de máxima eficiencia de procesos, ya que se limita el vertido a la red de excedentes, por lo que o bien se hacen procesos ineficientes, o bien se debe quemar ese excedente en resistencias. Patético, este supuesto.
6) La aplicación estricta de las razones que justifican el decreto penalizaría a otras actuaciones como las de mejora de procesos y eficiencia energética, ya que también han provocado un "sobredimensionamiento" de la red que dejarán de usar, o a los productores que se conectan en redes de distribución, como pequeñas hidroeléctricas o centrales solares, que pasarían de vender su energía a la red como hasta ahora a incluso tener que pagar por "usar la red".
7) Se atenta contra la libertad del mercado eléctrico, obligando a comprar un tipo de energía sin posibilidad de utilizar fuentes alternativas, bajo la amenaza de gravámenes o fuertes sanciones.
8) Se ponen palos en la rueda del progreso, ya que a pesar de que el decreto se basa en la realidad de que el futuro del sistema eléctrico es la generación distribuida, la impide mediante inseguridad jurídica e impuestos desorbitados (de más del 50% del coste de producción). Dentro de unos años copiaremos el modelo de otros países europeos y nos quedaremos con la boca abierta, diciendo "qué listos son estos alemanes y que tontos somos nosotros".
Este borrador de decreto es infumable, sin sentido, que devuelve al sistema eléctrico español a los años 50, donde la compañía eléctrica es la que manda y donde los demás tenemos que tragar lo que nos echen.
¿Consecuencias? Se habla de más de 100.000 puestos de trabajo destruidos en pocos meses, que total, entre 6.000.000 no se nota. Puestos de trabajo de calidad sustituidos por puestos camareros, infratrabajos de 400 € y retraso estructural.
Y dentro de pocos meses nos dirán que por culpa del alto precio de la energía y del coste financiero las empresas españolas vuelven a no ser competitivas, por lo que será necesaria una nueva reforma laboral.
Bye, bye, España.
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